La tercería de dominio se encuentra regulado en nuestro ordenamiento en los artículos 518 y siguientes del Código Procedimiento Civil. La tercería de dominio se puede definir como aquella reclamación que hace un tercero en un juicio ejecutivo, señalando que la propiedad sobre los bienes que se encuentran embargados le pertenece y por tanto solicita que se alce el embargo y que se le devuelvan dichos bienes, esto último en el caso que los bienes hayan sido retirados por el depositario o por el martillero público.

Esta situación poco feliz se produce ya que existe una presunción legal que señala que los bienes que se encuentran en el domicilio del ejecutado son de su propiedad, y por tanto, constituye una garantía general para responder a sus acreedores. Específicamente se trata del artículo 700 de nuestro Código civil:

La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica serlo”.

La interposición de ella debe notificarse por cédula, al ejecutante y al ejecutado, por medio de sus apoderados en el juicio.

Ahora bien los requisitos para acreditar la posesión de los bienes embargados son los siguientes:

  1. Certificado de dominio vigente de la propiedad donde fueron a embargar.
  2. Guías de despacho, boletas o facturas donde a parezca que los bienes son del tercerista.
  3. Certificado de residencia del tercerista.
  4. Cuentas de servicios básicos que lleguen a nombre del tercerista en el domicilio donde se embargaron los bienes.
  5. Testigos.

El artículo 523 del Código de Procedimiento Civil señala que no se dará curso a la tercería si no contiene las enunciaciones del artículo 254; a saber, las de toda demanda, que son:

  1. La designación del tribunal ante quien se entabla;
  2. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representen, y la naturaleza de la representación;
  3. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado;
  4. La exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya; y
  5. La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal.

La oportunidad procesal para interponer una tercería de dominio o de posesión es hasta antes que se realice el remate.

Gran importancia adquiere si la tercería solicitada se fundamenta en un instrumento público, otorgado con anterioridad a la fecha de la presentación de la demanda ejecutiva, se suspende el procedimiento de apremio. En los demás casos, el remate se llevará a efecto, entendiéndose que la subasta recaerá sobre los derechos que el deudor tenga o que pretenda tener sobre la cosa embargada. Luego, el subastador de tales derechos puede perder el precio pagado; o puede, por la inversa, haber adquirido “la especie” por precio vil, si el ejecutado obtiene en la tercería.

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