A través de un dictamen la Contraloría general de la República resolvió que “no procede” que instituciones públicas bloqueen a usuarios de sus cuentas de Twitter y que deben desbloquear a quienes están impedidos de ingresar a estos canales institucionales.
Se señala que: “no procede que un órgano público bloquee en su cuenta institucional de la red social que indica a usuarios particulares por la emisión de ciertas opiniones o expresiones”, a continuación, el dictamen agrega que “no corresponde que la PDI bloquee unilateralmente en su cuenta institucional a aquellos usuarios particulares de la citada plataforma virtual de comunicación social que han emitido ciertas opiniones o expresiones, debiendo adoptarse, a la brevedad, las acciones necesarias para subsanar dicha situación”.