Ordenamiento jurídico alemán.

El ordenamiento jurídico alemán está determinado por el derecho constitucional. Pero también juegan un papel fundamental sobre el derecho interno la legislación de la Unión Europea y el derecho internacional. Las leyes son adoptadas por el Bundestag alemán (Parlamento Federal), los reglamentos ejecutivos por el Gobierno Federal. El derecho de Land (Regional) abarca, junto a las normas en materia de policía y régimen local, sobre todo el ámbito de la enseñanza (escuelas y universidades) y la prensa y radiofusión.

Desde una perspectiva histórica, el derecho de la República Federal de Alemania se remonta al derecho romano, asumido en parte, y a numerosas fuentes jurídicas de los distintos territorios. En el siglo XIX se unificó por primera vez el derecho privado para todo el imperio alemán. Tanto el Código Civil como el Código de Comercio conservan hasta el día de hoy el espíritu liberal de los tiempos de la codificación. Están inspirados por el principio de la libertad de contratación.

Garantías del Estado de Derecho: las garantías del Estrado de Derecho se plasman en el derecho material y procesal. En el derecho penal rige el principio, constitucionalmente reconocido por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyen delito según la legislación vigente en aquel momento (nulla poena sine lege). También tiene rango constitucional el principio de que nadie puede ser castigado dos veces por el mismo delito (non bis in idem).
La libertad de la persona puede ser limitada únicamente en virtud de una ley. Sobre la admisibilidad y duración de una privación de libertad que no se derive de una orden judicial requiere un automático pronunciamiento judicial.
La policía puede detener a un sospechoso, pero no lo puede mantener por su propia potestad bajo su custodia más allá del fin del día posterior al de la detención. Todos tienen el derecho de ser oídos legalmente ante los tribunales; este elemento esencial del Estado de Derecho también se encuentra consagrado en la Constitución alemana. La administración de justicia corresponde a jueces y magistrados independientes y sometidos únicamente al imperio de la ley. Son inamovibles y no pueden ser trasladados contra su voluntad.
Están prohibidos los tribunales de excepción.
Dentro del ordenamiento jurídico alemán, la administración de justicia se divide en las siguientes ramas:

1.- Tribunales de la jurisdicción ordinaria
Son competentes para conocer de los procedimientos penales, los pleitos de derecho civil, los asuntos matrimoniales y de familia y el campo de la jurisdicción voluntaria. Existen cuatro niveles: juzgado local, tribunal regional, tribunal regional superior y Corte Federal de justicia.
En las causas penales pueden actuar como 1ra instancia uno de los tres tribunales mencionados en primer lugar, según los casos; en los pleitos de derecho civil el tribunal de 1ra instancia es necesariamente el juzgado local o bien el tribunal regional. Las otras dos instancias están constituidas por los tribunales de apelación y/o casación. El recurso de apelación abre una 2da instancia, en la que el tribunal ad quem vuelve a examinar en toda su amplitud el caso: analiza los vicios procesales y resuelve sobre el fondo, pudiéndose alegar hechosnuevos. En cambio, en la casación, que constituye la tercera y última instancia, únicamente se examina si existió quebrantamiento de las formas esenciales del juicio (infracción de normas reguladoras de la sentencia o de garantías procesales que provoca indefensión) o infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia aplicables para resolver el asunto.

2.- Tribunales de trabajo

Están subdivididos en tres instancias: tribunal de trabajo, tribunal superior de trabajo, Corte Federal de Trabajo; éstos conocen de los litigios de derecho privado derivados de las relaciones laborales y de los litigios entre los agentes sociales, así como de las cuestiones relativas al régimen orgánico de las empresas, según lo establecido en la ley del mismo nombre. Algunos matices interesantes del Derecho Laboral alemán lo pueden leer aquí.

3.- Jurisdicción contencioso-administrativa
Ofrece protección legal frente a todos los actos administrativos y demás actuaciones de la administración del Estado; es competente para todos los procesos administrativos de derecho público que no entran dentro del ámbito de competencias de los tribunales sociales ni económico-administrativos o – excepcionalmente – de los tribunales ordinarios, no se refieren a un litigio de orden constitucional. Existen tres instancias: tribunal contencioso-administrativo, tribunal contenciosos-administrativo superior, Corte Federal Contencioso-administrativa.

4.- Tribunales sociales y económico-administrativos
Los tribunales sociales conocen de los litigios relativos a la seguridad social en todas sus vertientes. Existen tres instancias: tribunal de asuntos de seguridad social, Corte Federal Social. Los tribunales económico-administrativos conocen de los asuntos tributarios. Solo existen dos instancias: tribunal de hacienda, Corte Federal de Hacienda.

Aparte de las ramas ya descritas se sitúa la Corte Constitucional Federal, que conoce, entre otras cosas, de los recursos de inconstitucionalidad. Los litigios sobre la interpretación de las constituciones de los Estados Federados se sustancian ante los Tribunales Constitucionales de los Estados Federados, si bien tampoco en estos supuestos queda excluido per se el recurso ante la Corte Constitucional Federal.

Jueces:
La mayoría de los jueces son designados de por vida y a la hora de ejercer su función están sometidos únicamente al imperio de la ley. En los juzgados locales las tareas de la jurisdicción voluntaria son asumidas predominantemente por unos funcionarios de justicia de nivel intermedio, no por jueces. En varias ramas judiciales existen jueces legos, no de carrera, que conocen de cerca las situaciones de fácticas respectivas, de este modo se contribuye a que las resoluciones judiciales resulten más próximas a la realidad social.

Fiscales:
Trabajan básicamente en los procesos penales y en el ámbito de la ejecución penal. A ellos corresponde esclarecer los hechos cuando hay indicios racionales de criminalidad. Dirigen las investigaciones con ayuda de la policía, que por consiguiente está sujeta a las órdenes y la supervisión de la fiscalía; concluida la fase de investigación, la fiscalía decide si un proceso debe sobreseerse o si debe procederse al procesamiento del inculpado, los fiscales sostienen la acusación en el procedimiento judicial.

Abogados:
En cuanto a los letrados, éstos asumen deberes especiales, cuyo cumplimiento es supervisado por los colegios de abogados y tribunales profesionales. Los jueces de carrera, los fiscales y en principio también los abogados deben estar en posesión de la «habilitación para el ejercicio de löa profesión», lo cual significa que deben cursar estudios completos de derecho, al término de los cuales se someten a un primer examen, y realizar a continuación unas prácticas, al cabo de las cuales tienen que aprobar otro examen final (segundo examen de Estado).

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