Lamentablemente en este último tiempo, en la sociedad ha surgido una nueva forma de hacer justicia, una forma que busca “la justicia de propia mano”, esto principalmente ha sido llevado a cabo por personas que han sido presuntas vulneradas en sus derechos y que lamentablemente el sistema nos le ha dado una respuesta o tampoco han deseado activarlo, ya sea por desconfiar en éste o por motivos personales.

Nos referimos a las “famosas funas en redes sociales”. El término “Funa” es originario del Mapudungun y significa podrido. Las funas en redes sociales, no son otras cosas más que noticias/mensajes las cuales ser viralizadas con gran velocidad con un contenido unilateral en el mensaje, que se publican en redes sociales (por ej: Facebook, Instragram, Twitter, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger, etc.), que buscan denostar o destruir la imagen pública de alguna persona en específico. Lo cual trae consecuencias tanto sociales como legales. Los motivos son variados, puede ser que dicha persona realizó o se presume que realizó actos reprochables y que no han sido sancionados en nada o de manera ineficiente por el sistema jurídico, o que para el caso de existir sanción, la persona afectada considera que esta no es para nada justa.

Dicho esto, podemos decir que la funa se presenta para algunas personas como un legítimo mecanismo para resarcir daños, pero lamentablemente en ocasiones éstas también se utilizan únicamente para provocar el desmedro público de la persona objeto de la publicación con un afán de venganza por una situación personal por ejemplo.
Ante este escenarios de funas debemos reflexionar y preguntarnos ¿cuál es el límite?, es decir, en estos tiempos cualquier persona que tenga un perfil en alguna red social puede escribir y denostar a la persona que quiera, esto da pie para que personas irresponsables puedan subir contenido a una red social sin tener fundamentos o derechamente está inventando situaciones para provocar el descrédito social de alguna persona en específico.
Ante la situación anteriormente descrita, cabe preguntarnos, cual es el marco legal que rige este contexto y poder analizar desde la perspectiva jurídica cuales son las sanciones que arriesgan personas irresponsables o personas que utilizan este método como único modo de buscar justicia para sus casos personales.

En nuestros tribunales se viene zanjando una discusión respecto a estos puntos de vista, por una parte, desde el lado de la persona que realiza la funa, esta se encuentra amparada en ocasiones por el derecho a emitir opinión sin censura previa, derecho consagrado constitucionalmente en el artículo 19 número 12.

En este orden de ideas, nuestros tribunales han sido sede de debates en cuanto a determinar cuál es el punto medio entre la protección de ambos derechos, ya que la persona afectada por una funa puede o tiene el derecho de recurrir ante la Corte de Apelaciones correspondiente y entablar un recurso de protección, para el caso que considere la existencia de una vulneración de sus derechos constitucionales. El recurso mencionado busca que se dé la baja de aquella publicación, más la estricta prohibición de subir contenido referente al recurrente. Como se aprecia el Recurso de Protección se presenta como el mecanismo más inmediato que tendría el afectado por una funa para resguardar su derecho a la honra y volver todo a un estado de normalidad. Aunque es claro que el daño provocado por una funa es instantáneo, pero en caso de tener una sentencia favorable, ésta viene en intentar reparar en algo lo que ha sido denostado públicamente.
Paralelamente, existe otro mecanismo legal para las personas afectadas, que vendría siendo una eventual querella por injurias y calumnias más una indemnización de perjuicios en caso de provocar daños patrimoniales cuando dicha funa alcanza niveles de connotación superiores afectando el ámbito laboral de la persona en cuestión.
En definitiva, tenemos una colisión de dos derechos de gran importancia en la vida diaria de las personas, que deben ser sometidos a una ponderación, por supuesto que primará uno por sobre el otro por las características propias de cada caso en cuestión.
Lo anterior no deja de ser un debate abierto, que debe ser analizado siempre caso a caso y que requiere de todo el criterio posible de nuestros jueces.

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