En fallo dividido la Corte Suprema acogió el recurso de amparo presentado en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y estableció el actuar ilegal del Ministerio al decretar la expulsión del amparado debido a que, tras cumplir pena a que fue condenado en 2011, se encuentra integrado laboral y migratoriamente a la sociedad chilena.
Como es costumbre se han eliminado o abreviado los nombres de las partes ya que éstos no se tienen por relevantes para el análisis de la sentencia, causa rol 20.394-2018.
Cabe también señalar que si existen errores de formato, por lo general con signos de interrogación en vez de comillas o guiones, estos provienen del sitio del Poder Judicial de Chile.

TEXTO DE LA SENTENCIA:

Santiago, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho.
Vistos:
Se reproduce la sentencia apelada con excepción de su fundamento cuarto y quinto, que se elimina.
Y se tiene en su lugar, y además, presente:
1°.- Que es un hecho no discutido en la causa que respecto del amparado se dictó Resolución N° 51636, de 24 de septiembre de 2009, mediante la cual se le otorgó permiso de permanencia definitiva.
Que aparece del Decreto Supremo N° 306, del 5 de mayo de 2011, emitido por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que lo que motivó la expulsión del amparado fue la dictación por parte del Tribunal Oral en lo Penal de Iquique, el 2 de mayo de 2011, de la sentencia que lo condenó a la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, como autor del delito de tráfico de drogas. Finalmente se encuentra demostrado que el amparado desarrolla una actividad económica en Chile que le permite solventar los gastos económicos de su familia, sin que registre, desde la condena del año 2011, otro tipo de antecedentes penales.
Que, en ese estado de cosas, aparece que la medida de expulsión decretada es ilegal, por desproporcionada, puesto que las circunstancias en que se halla el amparado en la actualidad han variado respecto de aquellas tenidas en cuenta al tiempo en que se le impuso la condena que motiva hoy la expulsión.
En efecto, los hechos asentados en el motivo precedente dan cuenta de su arraigo en el territorio nacional, por cuanto ha desarrollado una actividad económica que permite aseverar que se encuentra incorporado a la sociedad chilena desde un punto de vista migratorio y laboral.
A dichas circunstancias se adiciona el excesivo tiempo que trascurrió entre la dictación de la sentencia y el decreto que dispone la expulsión del amparado.
Que, en estas circunstancias, aparece que debe ser dejada sin efecto la expulsión dispuesta, de manera que se hace necesario adoptar, en su favor, las medidas que se dispondrán en lo resolutivo, para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad individual que se ha visto afectado.
Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, 15 N° 6 y 84 del Decreto Ley N°1094 de 1975 del Ministerio del Interior, se revoca la sentencia apelada de diez de agosto del año en curso, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en el Ingreso de Corte N° 1694- 2018, y en su lugar se declara que se acoge el recurso de amparo interpuesto a favor del ciudadano colombiano BJCQ, dejándose sin efecto el Decreto N° 306, de 5 de mayo de 2011, dictada por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Acordada con el voto en contra de los Ministros Sres. Künsemüller y Valderrama, quienes estuvieron por confirmar la sentencia apelada en virtud de sus propios fundamentos.
Comuníquese inmediatamente lo resuelto, regístrese y devuélvase.
Rol Nº 20.394-18.
Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Hugo Enrique Dolmestch U., Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O. Santiago, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho.
En Santiago, a veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

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